La Clarity Act debería dificultar la evasión de sanciones, no facilitarla
Según TRM Labs, la Clarity Act somete a los exchanges y a los emisores de stablecoins a normas más estrictas de la BSA y de sanciones, con más margen para la colaboración en tiempo real con las autoridades estadounidenses.
Puntos clave
- Según el investigador de TRM Labs Ari Redbord, la estadounidense Clarity Act contribuye precisamente a frenar mejor la evasión de sanciones y el lavado de dinero en cripto.
- La ley incorpora a los proveedores de servicios de activos digitales a la Bank Secrecy Act y exige controles, informes, auditorías y colaboración en tiempo real con las fuerzas del orden.
- La Clarity Act también otorga nuevas facultades para retener fondos sospechosos y para actuar contra jurisdicciones y partes que faciliten flujos de dinero ilícitos.
La estadounidense Digital Asset Market Clarity Act no representa, según Ari Redbord, de TRM Labs, una vía para la evasión de sanciones, sino una norma que puede ayudar a combatirla a mayor escala. El debate se intensificó después de que la senadora Elizabeth Warren describiera el borrador en X como un posible “ticket to sanctions evasion”, pero Redbord sostiene que el texto se apoya precisamente en herramientas que ya están dando resultados en la práctica.
Más supervisión sobre cripto
Para Redbord, la esencia de la propuesta es que los proveedores de servicios de activos digitales pasarán por primera vez a quedar plenamente sujetos a la Bank Secrecy Act. En la práctica, eso implica análisis de riesgos, controles internos, un responsable de cumplimiento normativo, formación, auditorías y notificaciones obligatorias de transacciones sospechosas.
La ley también busca convertir el intercambio de información en tiempo real entre los exchanges y las fuerzas del orden en una práctica reconocida. Así, un modelo como Beacon Network, centrado en la interceptación rápida, el embargo y la interrupción, dejaría de depender únicamente de la cooperación voluntaria y pasaría a tener respaldo legal.
Además, la propuesta contempla un grupo de trabajo independiente que deberá desarrollar herramientas de IA para detectar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero en los mercados digitales. Para los operadores de kioscos, esto se suma al pinning de wallets, los periodos de retención y los límites diarios para nuevos usuarios, junto con inteligencia de blockchain para interceptar a los estafadores antes de que el dinero salga de la plataforma.
Sanciones y aplicación
Redbord también apunta que el Departamento del Tesoro obtiene una facultad explícita para actuar contra jurisdicciones que sean una fuente principal de lavado de dinero. A su juicio, eso desplaza el foco desde operaciones aisladas hacia el origen del flujo de dinero, lo que puede hacer más eficaz la aplicación de la ley contra redes ilícitas.
Además, la Clarity Act incorpora una hold law para activos digitales, con la que los proveedores de servicios y los emisores de stablecoins pueden retener y, cuando sea necesario, congelar fondos vinculados a presuntas actividades ilícitas. Al mismo tiempo, se mantienen las obligaciones de información y las facultades en materia de sanciones ya existentes.
Según el texto, la ley también incluye una protección clara para los desarrolladores non-custodial que nunca tocan fondos de clientes. Al mismo tiempo, sigue siendo posible perseguir penalmente a quien ayude de forma consciente a mover ganancias delictivas, incluso si esa parte no tiene la custodia de los activos.
Por qué esto es relevante
Para los seguidores europeos del sector cripto, este debate muestra la rapidez con la que en Estados Unidos convergen la regulación de cripto, las sanciones y las normas contra el lavado de dinero. La Clarity Act no solo intenta delimitar con mayor precisión las fronteras jurídicas entre supervisores, sino también someter a los actores del mercado existentes a un marco de supervisión más estricto. Esto puede ser relevante para los exchanges internacionales y las empresas cripto que operan con clientes estadounidenses, requisitos de cumplimiento normativo o riesgos de aplicación. En ese debate más amplio también influye cómo la ley aborda la protección de los desarrolladores non-custodial, un punto que desde hace tiempo genera discusión en el Senado.
