La FCA abre las normas cripto al comercio global, pero persisten las dudas

La FCA opta por un modelo que debe conectar a los exchanges extranjeros y a las stablecoins con liquidez global. Sin embargo, las licencias, la evaluación AML y la delimitación frente a MiCA siguen siendo inciertas.

Puntos clave

• La FCA británica presentó nuevas normas cripto que buscan preservar la liquidez global y facilitar la circulación de stablecoins no británicas.
• Los exchanges de criptoactivos extranjeros podrán prestar servicio a clientes británicos a través de sucursales autorizadas en el país, aunque antes deberán contar con la autorización de la FCA.
• En el mercado ven potencial para Londres como centro cripto, pero persisten dudas sobre la velocidad y la previsibilidad del proceso de concesión de licencias.

La FCA, el regulador británico, dio a conocer esta semana su nuevo marco para criptoactivos. En el sector, la propuesta se interpreta como un intento de preservar la liquidez global y de mantener en circulación stablecoins no británicas. La recepción inicial ha sido favorable, aunque sigue sin resolverse una cuestión clave: si el Reino Unido podrá aplicar estas reglas con la rapidez y la previsibilidad necesarias para consolidarse como un verdadero centro cripto internacional.

La liquidez global, en el centro

El núcleo de la propuesta es permitir que los exchanges de criptoactivos extranjeros atiendan a clientes británicos mediante sucursales autorizadas localmente, sin romper su conexión con la infraestructura internacional de negociación ya existente. Con este diseño, la FCA busca evitar que la actividad se traslade a un fondo de liquidez británico cerrado, algo que sus defensores consideran más favorable para la formación de precios y para los resultados de los clientes.

Ese planteamiento difiere del de MiCA en la Unión Europea, que según varios participantes del mercado pone más peso en operaciones europeas delimitadas y en la liquidez. Para las empresas cripto que ya operan a escala internacional, la diferencia no es menor: la FCA parece haber optado de forma deliberada por un modelo que recorta menos las estructuras de mercado transfronterizas.

Las nuevas normas, además, no se limitan a la mera negociación. La FCA también ha definido un marco para los requisitos prudenciales, las normas de conducta y la integridad del mercado, junto con reglas específicas para los emisores de stablecoins. En actividades como la negociación, la custodia, la intermediación y el staking, las empresas deberán obtener primero la autorización del regulador antes de que el régimen entre en vigor el 25 de octubre de 2027.

La licencia sigue siendo el mayor obstáculo

Pese a ello, el proceso para lograr la aprobación dista de ser sencillo. Abogados y participantes del mercado advierten de que la autorización exigirá mucho, en parte porque la FCA todavía no ha precisado qué jurisdicciones extranjeras considera realmente comparables en materia de supervisión y protección.

Para las empresas, esa falta de definición complica la planificación. Sin saber con claridad qué mercados cumplen los requisitos, resulta difícil dimensionar a tiempo el capital, el personal y la estructura de cumplimiento normativo.

A esto se suma que la FCA ya arrastra un historial severo en los registros AML, donde más del 85% de las solicitudes fueron rechazadas o retiradas. El nuevo régimen amplía todavía más el alcance y también incorpora Consumer Duty, requisitos de capital, resiliencia operativa y responsabilidad de la alta dirección.

Qué significa esto para Europa

Para el sector cripto europeo, lo más relevante es que Londres se presenta así como una alternativa pragmática frente al marco de MiCA. Las normas británicas también están pensadas para abarcar actividades materiales dirigidas al Reino Unido, incluso cuando la empresa está establecida fuera del país. Esto puede resultar especialmente importante para las plataformas internacionales que deban reorganizar de nuevo su estructura europea.

También DeFi sigue siendo un expediente abierto. La FCA parece inclinarse por un enfoque más matizado en el caso de las estructuras realmente descentralizadas, mientras que los intermediarios centralizados sí quedan claramente dentro del alcance de las nuevas normas. Para los actores institucionales, esta distinción es relevante, porque necesitan seguridad jurídica y una gobernanza clara antes de poder integrar la infraestructura blockchain con mayor amplitud en los sistemas financieros tradicionales.

La orientación británica encaja en una tendencia internacional más amplia, en la que los supervisores conceden cada vez más importancia a la claridad jurídica en torno a los activos digitales. En Estados Unidos, por ejemplo, este debate también gira en torno a la claridad jurídica para los activos tokenizados, donde la cuestión central es qué normas se aplican a la propiedad, la liquidación y la supervisión.